Prohibir precios personalizados basados en datos de clientes y permitir solo descuentos universales y tarifas sociales.
Suspender un año nuevas etiquetas electrónicas comerciales mientras se estudia su posible uso para subidas abusivas.
Aprobar una ley que sancione obsolescencia programada, fallos predefinidos y barreras a reparación.
Actuar contra desperdicio alimentario en producción, distribución, restauración y hogares.
Hacer campañas sobre compras de baja calidad en grandes plataformas de países con bajos estándares fiscales, laborales y ambientales.
Sancionar falsas ofertas y abusos comerciales con multas proporcionales a facturación española.
Someter mercados de predicción a regulación del juego y bloquear plataformas sin licencia.
Aprobar una Ley de Consumo Sostenible y apoyar comercio justo, etiquetado social y compra pública ética.
Someter algoritmos inmobiliarios a supervisión de CNMC y Agencia de Vivienda y a auditorías independientes contra discriminación y coordinación de precios.
Eliminar de oficio de las hipotecas las cláusulas abusivas, incluidas las señaladas en el programa sobre IRPH, REDAL, divisas y cláusulas suelo.
Garantizar portabilidad efectiva de hipotecas entre bancos y reforzar el código de buenas prácticas.
Prohibir fumar en terrazas y playas y los vapeadores desechables, implantar empaquetado genérico y equiparar tabaco electrónico y calentado al tradicional.
Crear impuestos a bebidas energéticas y azucaradas, tabaco y ultraprocesados y destinar su recaudación a salud.
Restringir publicidad y patrocinio de ultraprocesados y alcohol dirigidos a menores.
Aprobar una Ley Celíaca con sello oficial, ayudas directas para alimentos sin gluten y controles de salud infantiles.
Gravar al 10% las cantidades brutas apostadas y desincentivar bonos gratuitos de fidelización del juego.
Reducir IVA de peluquerías y veterinarios al reducido, pañales al superreducido y productos sin gluten al 0%.
Gravar márgenes excesivos de grandes productores y distribuidores alimentarios respecto a niveles prepandemia, reduciendo el impuesto si bajan precios.
Reforzar inspección y sanciones para impedir venta agraria a pérdidas y pagar por encima de costes efectivos.
Recuperar la excepción ibérica del gas, proponer un tope europeo ante subidas extraordinarias y limitar márgenes de distribución de carburantes.
Excluir nuclear e hidráulica del mercado marginalista y fijarles retribución máxima para eliminar beneficios extraordinarios.
Exigir remuneración mínima de depósitos a la vista de hogares vinculada al tipo de intervención del BCE.
Prohibir publicidad y patrocinios de corporaciones fósiles en deportes, educación y cultura.
Crear una comercializadora pública que gestione PVPC y bono social y ofrezca mínimo vital y contratos estables de largo plazo.
Promover ecodiseño para reducir productos no reutilizables, no reciclables o tóxicos.
Actualizar regulación de químicos en productos y envases con precaución científica, protección infantil y de embarazadas y prohibición de sustancias tóxicas detectadas.
Estandarizar envases y fijar objetivos vinculantes de reutilización en embalajes, electrónica, muebles y textiles.
Restringir progresivamente los plásticos de un solo uso hasta eliminarlos.
Etiquetar productos animales indicando el sistema de cría.
Garantizar un menú completamente vegetal en todos los comedores públicos.
Garantizar rentas agrarias y precios justos al productor junto con acceso asequible a alimentos saludables.
Promover etiquetado europeo que favorezca producción extensiva frente a intensiva.
Reducir o eximir IVA de alimentos ecológicos y locales y aumentar gravámenes a productos procesados e insanos de grandes corporaciones.
Priorizar alimentos locales y evaluar transgénicos por evidencia científica, sin diferencias injustificadas entre producción e importaciones.
Estudiar compensaciones al sobrecoste de consumo insular, especialmente para clases trabajadoras.
Vetar fusiones anticompetitivas, exigir acceso neutral a infraestructuras esenciales y permitir desinversión o separación estructural si otras medidas no bastan.
Limitar comisiones y vinculaciones bancarias abusivas, garantizar atención presencial y cobertura territorial y responsabilizar a bancos de prevención y reparación de fraude digital.
Crear una Autoridad Independiente del Cliente Financiero que reúna supervisión de conducta, inspección y sanción y resuelva gratuitamente reclamaciones vinculantes, financiada por entidades.
Obligar a CNMV a verificar veracidad y coherencia de folletos y reforzar personal especializado y tecnología antifraude.
Prohibir cajas de recompensa y azar encubierto en videojuegos accesibles a menores con sanciones graves.
Defender en la UE formato físico, préstamo y reventa de videojuegos digitales y continuidad funcional tras cesar soporte.
Revisar contratos privados de citas y visados familiares para evitar cobros abusivos y garantizar acceso y transparencia.