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17 nov. 2026
El Panorama

El ático de Chamberí comprado por la Comunidad de Madrid por 6,3 millones

La empresa pública Planifica Madrid compró en abril de 2026 un ático en Chamberí por 6,3 millones de euros que la Comunidad de Madrid nunca llegó a usar y puso en venta. El Tribunal de Cuentas rechazó archivar las denuncias y ordenó nombrar un instructor por un posible perjuicio a los fondos públicos; un juzgado de Madrid tiene además cinco denuncias penales. La Comunidad sostiene que la operación se ajusta a la legalidad.

PPAutonómico, Comunidad de MadridUso de fondos públicosPrimera noticia: Hechos: 2026
En investigaciónSituación comprobada el 13 de noviembre de 2026

Último hito, : La consejera de Cuentas rechazó el archivo y elevó a la Sección de Enjuiciamiento la propuesta de nombrar un delegado instructor por la compra del ático. Fuente

El Tribunal de Cuentas acordó el 12 de noviembre de 2026 proponer un delegado instructor para examinar una posible responsabilidad contable; la Comunidad de Madrid anunció que recurrirá. En la vía penal, el Juzgado de Instrucción n.º 8 de Madrid tiene desde agosto cinco denuncias y consultó a la Fiscalía sobre su competencia; no consta ninguna persona investigada. La Fiscalía del Supremo archivó tres denuncias de particulares contra la presidenta.

Las personas investigadas o acusadas gozan de la presunción de inocencia mientras no haya sentencia firme.

Aparecen: Isabel Díaz Ayuso (responsabilidad política). Ver sus fichas

El 14 de abril de 2026 Planifica Madrid, empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid, formalizó la compra de un ático en la calle General Martínez Campos, en el barrio de Chamberí, por 6,3 millones de euros. El inmueble, de unos 485 metros cuadrados, 199 de ellos de terraza, es de uso residencial. La operación se conoció a finales de julio a través de la prensa; el Gobierno regional explicó que se destinaría a uso institucional, con espacios de trabajo, descanso y alojamiento ocasional para autoridades, y que no era una residencia para la presidenta. Un día después de conocerse, la Comunidad anunció que lo vendería; el contrato de alquiler entre Planifica y la Comunidad, del 28 de julio, se resolvió el 15 de septiembre y el inmueble, que no llegó a usarse, se puso en venta por 6.694.201 euros.

En agosto el Juzgado de Instrucción n.º 8 de Madrid abrió diligencias previas tras una denuncia del partido Iustitia Europa por posibles delitos de malversación, prevaricación y administración desleal, y la Fiscalía Provincial de Madrid le remitió el 10 de agosto otras cuatro denuncias (una del PSOE y tres de particulares), archivando sus propias diligencias para evitar duplicidades. El 3 de septiembre la jueza pidió a la Fiscalía que informara sobre la competencia del juzgado antes de «acordar lo que proceda». Por separado, la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó en septiembre tres denuncias de particulares contra la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, por considerar que se basaban solo en informaciones periodísticas.

El PSOE ejerció además la acción pública ante el Tribunal de Cuentas, que recibió su escrito el 30 de septiembre y lo trasladó a la Sección de Enjuiciamiento; Más Madrid y un particular también se personaron. La Comunidad de Madrid y Planifica pidieron el archivo alegando que la compra «se ajusta plenamente a la legalidad» y a los estatutos de la empresa, que el precio correspondía al valor de mercado y que no hubo deterioro económico porque el ático pasó al patrimonio público.

En un auto firmado el 12 de noviembre de 2026, la consejera de Cuentas María del Rosario García Álvarez rechazó el archivo y elevó las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que proponga un delegado instructor, al apreciar «elementos indiciarios suficientes» de un posible perjuicio a los caudales públicos, sin prejuzgar si existe responsabilidad contable. La resolución señala que la memoria de necesidad se redactó el 2 de julio, casi tres meses después de la escritura, que Planifica es «medio propio» de la Comunidad y necesitaba un encargo previo, y que un ático con 200 metros de terraza «parece objetivamente inadecuado» para la actividad administrativa. Sobre el precio, la primera tasación de Gesvalt (13 de febrero) lo valoró en 6.242.884 euros; la Comunidad aportó una segunda (15 de octubre) de 6.320.341 euros, y los denunciantes cifran el perjuicio en al menos 437.058 euros. Fuentes del Gobierno madrileño dijeron a The Objective que recurrirán.

Fuentes